Luego de que la entidad de salud instalara un gigantesco letrero en un edificio en el cual solo tenía el 50% de las propiedades –con el afán de transformarlo en “corporativo- el abogado, que además tenía sus oficinas en dicho inmueble, representó al total de  los propietarios del otro 50%, logrando que la empresa retirase el letrero y cualquier alusión a que dicho edificio era de la empresa.

La historia empieza en 1995, fecha en que comienza la obra del inmueble ubicado en Apoquindo 3001, exactamente en la esquina con Avenida el Bosque y al frente del denominado “Edificio Piñera”.

Este edificio fue erigido por una inmobiliaria, la que vendió los diferentes pisos. El 50% de las dependencias fueron compradas por la Isapre Vida 3 y el Fondo las Américas a través de un grupo inmobiliario. La otra mitad fue adquirida por particulares.

El abogado Álvaro Baeza -junto a su familia y sus abogados que con el trabajaban- adquirió también en esa época los últimos pisos del inmueble que terminó de edificarse a inicios de 1997 y se les dio uso a partir de noviembre del mismo año.

No obstante, a comienzos de 1998 se originó un problema difícil de dimensionar para aquella época. La Isapre en cuestión solicitó y pactó con la inmobiliaria administradora, la disposición de un letrero de 15 metros de largo por 3 metros de ancho de neón, que decía “Isapre Vida 3”, lo que cambiaba el inmueble a un edificio corporativo con la imagen de esta empresa de salud.

Ello nunca fue dicho a quienes adquirieron el resto de las oficinas y originó un disgusto significativo en ellos, por lo cual los propietarios -entre ellos abogados, doctores, profesionales de otras áreas, compañías de trading y otras inversoras- acordaron ser representados por el abogado Álvaro Baeza con la finalidad de instaurar la ilegalidad del apoderamiento de imagen que había por parte de Vida 3, que aún cuando tuviera el 50% del edificio, no podía quedarse con la cara del inmueble.

El procedimiento de la causa se vio por la vía de un recurso de protección, que el abogado Álvaro Baeza ganó en primera y en segunda instancia. Ello tuvo consecuencias inéditas hasta esa época, debido a que la Corte Suprema estableció quitar todos los letreros que identificaban al edificio como un inmueble corporativo.

Aún cuando la isapre conservó oficinas en dicha zona, no pudo manejarlo como si fuese de su propiedad, en tanto no era ni mayoritario, ni trabajaba en altos porcentajes ahí.

El dictamen de la Corte Suprema instituyó un precedente inédito en materia judicial: Una jurisprudencia que indica que la fachada es un bien común de una propiedad y la determinación del uso que se hace de un bien común. De acuerdo a la nueva ley de co- propiedad inmobiliaria, es un bien que solo se puede disponer por la totalidad de las partes involucradas.

“Los bienes comunes de un edificio, de una propiedad común, se disponen por la unanimidad y no por la mayoría, para evitar abusos de control”, indica el abogado Álvaro Baeza al aclarar el precedente que situó gracias a su cometido en esta causa judicial.